La crueldad humana, en ocasiones, roza límites insospechados. Cuando hablamos de violencia vicaria hablamos de la más dura de las violencias, de la más despiadada, porque es aquella en el daño no se produce en primera persona, sino a través de lo más importante que se tiene, generalmente un hijo o ser querido.
Lamentablemente este tipo de agresiones indirectas se producen con cada vez más frecuencia, debido a que los avances contra la violencia machista impiden a los agresores acceder con facilidad a sus víctimas, pero siguen dejando en una situación de desprotección y vulnerabilidad a los hijos que ambos comparten. El último caso de violencia vicaria que se ha conocido en nuestro país y el primero de 2022 es el asesinato del pequeño Toni de 11 años, que se conocía el pasado mes de abril y ha conmocionado a la sociedad española, especialmente por el vacío legal que ha permitido que el peor de los desenlaces suceda.
¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria?
La violencia machista no siempre es tan directa o evidente como una agresión física o una amenaza verbal. Los agresores aprenden a sofisticar sus métodos de control sobre la víctima a través del maltrato psicológico, el control económico o el miedo, en este caso, a que los hijos en común pueden sufrir algún tipo de daño.
En este sentido, lo primero que debemos tener en cuenta es que la violencia vicaria es un tipo de violencia machista en la que el maltratador castiga a su pareja o expareja a través de sus propios hijos, menores a cargo o seres queridos cercanos. Las víctimas directas son menores, en su mayoría menores entre los 0 y 5 años, que se encuentran en una edad de especial vulnerabilidad y desprotección, sin embargo, a pesar de tratarse de una violencia contra la infancia, la violencia vicaria se considera un tipo de violencia machista y no, por ejemplo, si hablásemos de un asesinato, de un parricidio, puesto que los menores son utilizados para generar un daño irreparable en su madre, tal cual se recoge, entre otros textos, en el acuerdo de la Delegación de Gobierno sobre Violencia de Género.
Los primeros datos sobre violencia vicaria en España comenzaron a recogerse en 2013. Ese mismo año fue condenado José Bretón por el asesinato de sus hijos Ruth y José, de 2 y 6 años, conmocionando a la sociedad española y abriendo por primera vez el debate sobre si debía considerarse la utilización de los hijos como un caso de violencia de género. No sería hasta 2015 cuando a través de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se reconoce oficialmente el término de violencia de género y los hijos pasan a considerarse también víctimas de la violencia de género. Además, ese mismo año se estableció que los casos de violencia vicaria serían penados con prisión permanente revisable.
A pesar de que sí existe legislación al respecto y que el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 recoge dicho término, calificándolo como “el daño más extremo que ejerce un maltratador hacia una mujer”, aún no se recogen este tipo de datos en la macroencuesta de violencia de género y no existen estadísticas específicas sobre violencia vicaria. Los únicos datos disponibles son ofrecidos por Save the Children que contabiliza en 3.349 los menores que sufren malos tratos por parte de su progenitor en nuestro país.
La punta del Iceberg
La violencia vicaria, en la peor de las ocasiones, acaba en asesinato. En nuestro país han sido asesinados 47 menores a manos de sus progenitores desde que empezaron a recogerse datos en 2013. Sin embargo, estos casos son la punta del iceberg, ya que la violencia y la utilización de los menores con el fin de hacer daño a su madre comienza mucho antes.
A pesar de que el término fue acuñado hace ya una década hemos empezado a escucharlo en los medios de comunicación hace relativamente poco, y especialmente durante el mes de agonía en el que se buscaba a Anna y Olivia en Canarias, hasta finalmente confirmar su muerte a manos de su padre, que previamente había amenazado a su expareja con que “nunca volvería a ver a sus hijas”.
Para evitar llegar al peor de los desenlaces es necesario mejorar las medidas de prevención, detección y protección de los menores, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad como son los regímenes de visitas y las custodias compartidas poco controladas o en el caso de separaciones conflictivas.
En junio de 2021, un año en el 7 niños perdieron la vida a consecuencia de la violencia vicaria, se publicó en el BOE la reforma del artículo 94 del código civil en el que se rechazaba el establecimiento del régimen de visitas respecto del progenitor que se encuentre “incurso en un proceso penal por violencia doméstica contra el otro cónyuge o por violencia de género”.
Esta medida es, sin duda alguna, una victoria para las asociaciones de víctimas que llevaban años pidiendo que se pusiera en marcha con el fin de evitar situaciones como la de María Salmerón, que finalmente entrará en prisión, tras veinte años de lucha en los juzgados y tres indultos por haberse negado en repetidas ocasiones a cumplir con el régimen de visitas después de haberse divorciado de su marido por malos tratos cuando su hija tenía unos meses de edad. La Ministra Irene Montero ha lamentado la decisión del Gobierno y ha recordado que con la nueva Ley de la Infancia aquello no habría sucedido.
Datos en común entre los casos de asesinato
Para muchas mujeres maltratadas, el divorcio es esa luz al final del túnel de la violencia sistemática que han sufrido en sus propios hogares, y deciden no denunciar, pero los datos demuestran que con la separación la violencia, lejos de mermar, se vuelve más “sofisticada e invisible”.
El caso de Anna y Olivia, de 6 y 1 año de edad, conmocionó especialmente a la sociedad española, después de un mes de intensa búsqueda que confirmó lo peor al encontrarse el cuerpo de una de las niñas en el fondo del mar. En aquel caso, su padre, Tomás Gimeno, las asesinó con premeditación y crueldad durante el régimen de visitas acordado en su separación, tras hacer creer a su madre que huía con ellas a otro continente.
Al igual que en el caso de las hermanas de Canarias, el 44% de los asesinatos por violencia vicaria se producen durante el régimen de visitas del padre, según señala el estudio “Violencia Vicaria: un golpe irreversible contra las madres”, realizado por la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, con la dirección de Vaccaro.
.jpg){kind=link}
A través del estudio de 400 sentencias referidas a 51 casos de asesinato por violencia vicaria en España, este informe ha detallado los principales rasgos del perfil del agresor: hombre de entre 30 y 50 años, de nacionalidad española, padre biológico de las víctimas y, en al menos un 66%, en proceso de separación o separado recientementemente.
En ese mismo informe se demuestra que un 60% de los asesinos habían verbalizado de una u otra manera la intención de dañar a la madre o a los hijos, sin que se hubiera interrumpido por ese motivo el régimen de visitas o se hubiera establecido algún tipo de control a los menores, de hecho, en un 96% de los casos recogidos en la muestra no existió ningún tipo de evaluación por parte de algún profesional sobre el estado de los menores del que haya quedado constancia.
Los menores, el eslabón más vulnerable
Uno de los datos más terribles que ofrece la muerte es el de la edad de los fallecidos. La edad de los hijos, las víctimas directas de este tipo de violencia, ronda los 0 y 5 años, lo que también explica la falta de aviso o verbalización previa por parte de los menores.
Vaccaro denuncia la indefensión que sufren estas criaturas, no sólo en estos casos de extrema gravedad, sino durante el proceso de separación, donde en contadas ocasiones sus testimonios y deseos son tenidos en cuenta, incluso en las causas de violencia de género.
Debemos tener en cuenta que aunque hablemos de violencia de género, en este caso las principales víctimas son los menores y debe tenerseles en cuenta en todas las circunstancias.
La Ley de la Infancia aporta a la violencia vicaria la perspectiva de la infancia, más allá de la perspectiva de género. Este texto marca un antes y un después en la lucha contra la violencia vicaria, ya que es el primero que reconoce que el simple hecho de vivir bajo el mismo techo que el maltratador de una madre es en sí un maltrato que atenta a la integridad y necesidades evolutivas del niño. Así lo reconoció también Naciones Unidas en 2014, considerando que el entorno en el que viven estos menores está cargado de violencia diaria que “no sólo les afecta a sí mismos, sino a sus relaciones afectivas y personales”.
¿Qué sigue fallando?
A pesar de que debía de ser el gran aliado de las víctimas, la Justicia históricamente no ha estado del lado de las madres que buscaban defender a sus hijos de sus padres.
Ángela González Carreño presentó más de 30 denuncias antes de que el padre de su hija acabará con su vida. Por este caso el Comité CEDAW condenó al Estado Español por negligencia. En el último caso sucedido en Valencia sí se habían tomado medidas de protección y se había retirado la custodia al padre, pero el régimen de visitas continúo debido a un fallo de comunicación entre juzgados. En el caso de Canarias la madre había acudido a comisaría a dejar constancia de malos tratos, pero nunca llegó a denunciar. Otra caso de gran trascendencia fue el de Itziar Prats, que finalmente consiguió que los Ministerios de Justicia e Interior la indemnizaran después de que su expareja asesinara a su hija durante en régimen de visitas sin supervisión.
Si ya hay legislación efectiva como para poner fin a esta lacra, ¿qué sigue fallando?
En primer lugar, la falta de denuncias. Un 81% de las víctimas de violencia de género deciden no denunciar, por lo que es necesario incidir en educación, visibilización y apoyo a las víctimas para que puedan detectarse este tipo de casos y tomar medidas al respecto. Por otro lado, según datos del Consejo General del Poder Judicial Español, solo el 3,1% de los casos de violencia de género en España concluye con la suspensión del régimen de visitas en los casos de violencia de género, una cifra que se espera que aumente exponencialmente con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de la Infancia – según una publicación de la Cadena Ser en diciembre, habría pasado de un 3% a un 81%-.
A través del estudio de las principales sentencias se ha constatado una gran disparidad a la hora de aplicar las medidas de protección al menor en función del órgano judicial encargado de ello. Todo ello se evidencia en la memoria realizada por la Fiscalía en 2020 sobre Violencia de Género, en el que se señala la falta de especialización en las oficinas de atención a las víctimas, los puntos de encuentro, las valoraciones forenses y los juzgados de lo penal. Se ha encontrado una especial resistencia por parte de los equipos psicosociales a la hora de considerar a los menores víctimas y hacer cumplir las medidas cautelares.
La última macroencuesta del Ministerio de Igualdad ha aportado cifras a esta lacra: 1,5 millones de menores viven en hogares donde se realiza violencia psicológica y 265.000 donde esa violencia es física o sexual.
Perfil del maltratador
