El decreto aprobado por la ministra de Educación Pilar Alegría ha ensanchado todavía más la creciente división entre las Comunidades Autónomas respecto a la ley educativa
La educación siempre ha constituido una de las piedras angulares de cualquier democracia. Sobre ella debe sustentarse el porvenir de las futuras generaciones y, por extensión, también la prosperidad del país. Su extraordinaria importancia en el ámbito sociopolítico siempre ha suscitado enardecidas controversias desde que el gobierno de Felipe González aprobara la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación o LOEDE en 1985.
Desde entonces, los cambios en la legislación que concierne al sistema educativo han sido constantes por parte de los dos principales partidos del gobierno. Tras la ya polémica entrada en vigor de la Ley Celaá en 2020, el Ejecutivo ha vuelto a introducir nuevas modificaciones que han trastocado por completo a la comunidad educativa.
La última de estas injerencias se produjo el pasado 28 de marzo, cuando la ministra Pilar Alegría aprobó la nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que fue respaldada por una amplia mayoría del Consejo de Ministros.
Objetivo: Reducir el abandono escolar
Desde la llegada a Moncloa del Partido Socialista de Pedro Sánchez en junio 2018, el objetivo del Gobierno en materia educativa se ha mantenido inalterable: reducir la tasa de abandono escolar.
Según la profesora Belén Pascual de la Universidad de las Islas Baleares, se entiende por abandono escolar “la desmatriculación de un alumno tanto en su etapa obligatoria como postobligatoria debido a una creciente sensación de fracaso escolar”
Esto es “su situación en un nivel inferior a dos en las competencias requeridas”. En España, el INE sitúa el abandono escolar entre 18 y 24 años en el año 2020 con un porcentaje del 16%.
Para alcanzar esta meta, existen dos posibles alternativas que analizaremos a continuación:
¿Qué materias se verán afectadas con la nueva modificación?
La asignatura de Historia ha sido históricamente una de las más polémicas dentro del itinerario formativo, debido a su aparente facilidad para ser tergiversada en favor de uno u otro partido político. A este respecto, la nueva modificación de la ley educativa elimina contenidos que hasta el momento se habían considerado fundamentales como parte del temario.
Así, en segundo de Bachillerato, el Ministerio de Educación ha decidido suprimir de la Historia de España todo acontecimiento histórico anterior a 1812. De esta manera, quedarían al margen sucesos tan trascendentales como la romanización, los visigodos, la invasión musulmana y todas sus consecuencias, el proceso de Reconquista, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América o el Imperio español de los Habsburgo.
Esta iniciativa ha sido duramente criticada en la Asamblea de Madrid. El portavoz del Gobierno del Partido Popular, Alfonso Serrano, en una de sus intervenciones, vilipendió la falta de consideración de la izquierda ante la supresión de estos contenidos. Según el diputado, “parece que todo lo demás da igual”.
Por otra parte, en la enseñanza obligatoria se rechaza la posibilidad de incluir el terrorismo de ETA o Al Qaeda como materia de estudio. Esto también ha despertado voces disidentes en el seno de los populares, que creen necesaria la mención de las atrocidades de las distintas bandas armadas para una mejor comprensión de la realidad actual.
Sin embargo, la mención al terrorismo no solo se limita al ámbito histórico, sino que también trasciende al geográfico. El gobierno de Ayuso plantea “reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo”, además de recuperar otros contenidos que la LOMLOE ha optado por retirar, como el estudio de los mapas físico y político de España, así como la organización política y territorial del país.
Los valores ecológicos también aparecen reflejados en las páginas del decreto. Así, en asignaturas como Inglés se buscará fomentar una “mirada ecosocial” y en Física y Química se tratará de contribuir a una “sociedad más justa, equitativa e igualitaria” en términos medioambientales.
Pero, sin lugar a dudas, el cambio del nuevo decreto que más ampollas ha levantado entre las formaciones políticas ha sido el relativo a Filosofía. La controversia estalló hace tres semanas. Una lectura rápida del texto legal invitaba a pensar que los contenidos filosóficos serían definitivamente eliminados del currículo de enseñanza. De esta noticia se hicieron eco algunos medios, hasta que el pasado 23 de abril, en una sesión de control y en respuesta a Santiago Abascal, Pedro Sánchez desmintió la información: “Despreocúpese, señor Abascal. Los niños y niñas de nuestro país estudiarán Filosofía. Lo que le han contado es un bulo”
Pacto Nacional por la Educación
Una de las soluciones que se viene planteando por parte de los diferentes partidos políticos para evitar los constantes cambios en materia educativa, es un gran pacto nacional por la educación. Este proyecto, para todos los ciudadanos tan necesario, comenzó a plantearse seriamente en 2016, justo después de la convocatoria electoral que terminó con la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Este proyecto, propuesto electoralmente por el grupo parlamentario de Ciudadanos, acabó siendo aceptado por la mayoría de los partidos políticos, que formaron una Comisión en el Congreso de los Diputados para comenzar a elaborar un guion sobre el que sustentar esa tan requerida ley educativa. El único partido que, según El Confidencial, no acudió a esta comisión fue Esquerra Republicana de Catalunya.
Sin embargo, lo que parecía que podría llegar a ser un proyecto interesante se vio inmerso como siempre en problemas partidistas, que provocaron que el Partido Socialista, no quisiera continuar en la negociación al no asegurar un mínimo de inversión del 5% del PIB.
A pesar de los numerosos intentos por continuar con estas negociaciones, y desgraciadamente para todos los ciudadanos, los partidos no han conseguido todavía ningún avance en dicha materia, tanto es así, que la última ley educativa (LOMLOE) fue aprobada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, como coalición de gobierno, contando con el apoyo único de sus aliados de investidura, es decir, dejando fuera a la oposición.
¿Podrá algún día España alcanzar un pacto nacional por la Educación que permita evitar estos cambios legislativos que crean tanta división y descontento?
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