El sistema de pensiones actual no es sostenible a largo plazo, y el Estado debe tomar medidas urgentes para evitar un desequilibrio económico en un futuro no muy lejano.
España tiene una situación de una complejidad extrema en el ámbito económico desde
principio de los años dos mil hasta la actualidad, los cambios demográficos han
tambaleado un sistema que parecía poder superar a todas las personas. Durante los años sesenta del siglo XX se dio el fenómeno del “Baby Boom” en la que la natalidad llego a
su punto más alto en las series históricas registradas, pero, en la actualidad, se da una
circunstancia contraria.
En 2022, España registró 329,251 nacimientos, esto representa una disminución de 8,129
nacimientos en comparación con el año anterior, lo que equivale a una reducción del
2.40%. La tasa de natalidad en España fue de 6.88% una cifra muy baja, y el índice de
fecundidad, que representa al número medio de hijos, fue de 1.16. Es importante destacar
que el índice de fecundidad inferior a 2.1 que es considerada como la fecundidad de
reemplazo y, que implicaría que no se garantizase una pirámide de población estable.
Durante el 2024 comienzan a jubilarse aquellas personas nacidas durante el pico más alto
de población del país, y eso generará que el Estado tenga que hacer frente a un mayor
desembolso de pensiones de su historia. En marzo de 2024, el gasto total de pensiones en
España fue de 12.693,14 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,26% en
comparación con el mismo mes en el año anterior. En comparación a otras variables
trascendentales para la economía española, el gasto en pensiones representa un 11,5% del
PIB (Producto Interior Bruto) del país siendo esta la partida más grande presupuestada
por el Gobierno y muy por encima de sanidad, educación o servicios sociales. Este gasto
se prevé que siga subiendo debido a la alta densidad de población que llegará en los
próximos años a la edad de jubilación.
El sistema mixto de pensiones conseguiría que el Estado no tuviese que desembolsar esas
ingentes cuantías dinerarias debido a que cada español tendría, que, de manera individual
y autónoma, gestionar sus propios fondos de pensiones complementarios. Estos fondos
de capitalización individual complementarios se invertirían en instrumentos financieros
tales como bonos o acciones que generarían unos rendimientos que dentro del Estado no
se generarían ya que no se reciben intereses producidos por la retención de los capitales
durante los años de cotización.
Este sistema no se podría desarrollar de manera rápida y abrupta ya que requiere de un
cambio en el paradigma del Ministerio de la Seguridad Social y en su sistema de
cotizaciones. De esta manera, si se propusiese cambiar este modelo, los resultados no
serían latentes hasta dentro de aproximadamente 70 años. Este sistema generaría una serie
de ventajas muy favorables tanto para los trabajadores como para el Estado como puede
ser el caso de que, a través de la diversificación de los fondos, se reduce la dependencia
única hacia el Estado y con esto, una bajada de riesgo a que este sistema colapse, así como
una mayor libertad por parte de los trabajadores a poder ahorrar de forma individual.
Recabando lo expuesto, la compleja situación económica de España desde principios de
los años 2000 hasta hoy se ve afectada por cambios demográficos. El gasto en pensiones,
que representa el 11,5% del PIB, aumentará debido a la jubilación de la generación más
poblada. Un sistema mixto de pensiones, donde cada español gestionaría sus fondos
individuales, podría aliviar la carga estatal y ofrecer ventajas, como diversificación y
libertad de ahorro. Sin embargo, si se quiere llevar a cabo la implementación de manera
efectiva, llevaría décadas.
