En los últimos días, la inflación ha ocupado un primer plano en las noticias y redes sociales, y parece que va a convertirse en algo recurrente al menos durante los próximos meses.
Uno de los datos más preocupantes es que seis de cada diez pequeñas y medianas empresas han subido sus precios para contrarrestar el encarecimiento de sus costes. Sin embargo, las ventas se verán reducidas. Es muy probable que los precios sigan subiendo, hasta que se consiga “doblegar la curva”, como afirmaba Pedro Sánchez. Sin embargo, que la guerra de Ucrania no dé señales de acercarse a su fin no está ayudando a que la situación se solucione en un corto plazo y el miedo se ha convertido en el compañero del día a día, con un porcentaje de inflación del 9,8% en España, el nivel más elevado desde el año 1985. Esta subida de precios generalizada ha afectado a componentes del Índice de Precios de Consumo (IPC) tales como la electricidad, carburantes y combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros. La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, ha alcanzado el 3,4%, algo que preocupa, ya que los productos más estables se han unido a la subida de precios.
La misión de rebajar la inflación está entre las medidas aprobadas del presidente Sánchez, que pretende con un plan de choque mitigar los efectos económicos de esta guerra. La medida otorgaría un límite al precio del gas y desvincularía el de la electricidad. Es evidente que esta medida aliviará a la población, incluidas las pymes que se están viendo con el agua al cuello, pero la oposición duda de su eficacia y duración. Además, apuntan que la problemática concreta del caso de España viene motivada por un porcentaje de inflación mayor que el de otros países.
La mezcla de factores estructurales y propios de cada país, con la evidente influencia de la guerra, ha desatado otra batalla, la de la opinión pública. La oposición critica cualquier acción, mientras que los líderes del Gobierno al mando, como Joe Biden o en nuestro caso también Pedro Sánchez, culpan directamente a Vladímir Putin de esta crisis inflacionista. Las medidas en teoría deberían ser de tipo estructurales, aplicando una moderación salarial y la baja de los tipos impositivos, mientras que el plan aplicado por el Ejecutivo ha optado por proteger las rentas de los trabajadores, ya que la subida de los precios afecta en mayor medida a las familias más pobres.
El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo acusaba a Sánchez de ser el causante de esta pobreza, desplazando el tema de conversación hacia su terreno, hablando de nuevo de la necesidad que es, según su partido, la reducción de impuestos, ya que gravan el consumo de energía. “Necesitamos bajar los impuestos para que haya familias que puedan llegar a fin de mes no bien, pero sí menos mal de lo que lo están haciendo”, insistía ante los medios tras un acto institucional en Galicia.
Así, en un extremo, las valoraciones de los expertos apuntan a que el descuento de 20 céntimos a los combustibles es una medida “regresiva”, mientras que el resto de los economistas defiende que el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) junto a la ampliación del Bono Social de Electricidad son las medidas más progresivas y además ayudan a quien más lo necesita. Pero el Ejecutivo además añadió paquetes de ayudas directas a los sectores más afectados, como la agricultura, la pesca, la ganadería o el transporte. Y, aunque Feijóo no esté de acuerdo, para poner en marcha este tipo de ayudas los impuestos son necesarios.
