El terrorismo no para y, esta vez, la libertad de expresión es la víctima, personificada en Roberto Fraile y David Beriain
El periodismo de nuevo atacado. Un ejemplo de ello han sido los últimos dos casos de los periodistas españoles, Roberto Fraile y David Beriain, asesinados brutalmente en Burkina Faso. Los reporteros acostumbrados a narrar la muerte se encontraron cara a cara con ella mientras destapaban los secretos de la caza furtiva, uno de los negocios más lucrativos del territorio. Perdieron la vida siendo víctimas de un ataque a sangre fría protagonizado por los milicianos del Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, vinculado a Al Qaeda.
Sin embargo, esta triste noticia no se corresponde a un hecho aislado, sino a un número más de corresponsales asesinados realizando su labor periodística y sirviendo la verdad a toda la población. Ahora, ambos engrosan esta lista que incrementa gradualmente cada año y que, sólo en la última década, ha dejado atrás un total de 937 vidas.
Un terrorismo sin miramientos que con sus actos provoca un panorama de inestabilidad mundial y concluye con una violación de la libertad de expresión por todos sus costados. En cambio, este problema no es cuestión de territorios. Según indican informes detallados de Reporteros Sin Fronteras, siete de cada diez profesionales de la información asesinados en el año 2020 se encontraban en zonas de paz. Una cifra que aumenta gradualmente cada año, así como la crudeza de estos actos. Entonces ¿Dónde queda protegido el derecho de estos profesionales a contar la verdad?
Aunque en la práctica no parece que el derecho a la libertad de expresión, así como el de prensa e información estén protegidos, la realidad, aunque sea sobre papel mojado, es que la propia UNESCO los considera fundamentos de la democracia y puntos de partida para la protección del resto de los derechos humanos. Así, por lo menos, lo dicta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero qué vamos a esperar de un régimen que se regodea de sus ataques con comentarios como “hemos matado a tres blancos”, si en estados que se cuelgan la medalla de democráticos no existe una defensa hermética hacia la libertad de expresión. El problema empieza ahí y termina con estos sucesos, a los que se suman ataques como el de la redacción de Charlie Hebdo o los múltiples secuestros a periodistas como el que sufrió el español Antonio Pampliega en Siria.
Aun con todo esto, el ataque a la libertad de expresión va más allá del terrorismo. En el caso español, se incrementa con la llegada de partidos extremistas como puede representar VOX. Con discursos de odio, estigmatiza al periodista de “enemigo del pueblo” y convierte a estos profesionales en el blanco fácil al que atacar cuando las cosas no van bien. Prácticas que han sido normalizadas bajo el título de la Ley Mordaza, una ley que después de cinco años desde su aprobación amenaza, sin lugar a dudas, el ejercicio de la libertad de prensa. Estos escenarios de violencia irrespetuosa hacia esta profesión hace que España, la gran demócrata, quede a la cola en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras con la posición 29.
Un dato triste, que se revaloriza con las pérdidas de profesionales que amplifican sus voces y luchan a diario con quienes rechazan su labor, que no es más que contar la verdad. A la vista está que una Declaración Universal de Derechos Humanos no es suficiente y que todo esto es un ejemplo de que las palabras y el papel se los lleva el viento.
