La implantación del veto parental ha supuesto una gran controversia entre los ciudadanos que llevó, en marzo del 2020, a ser suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En esta crónica analizaremos de forma cronológica la repercusión de esta medida.
En enero de 2019 Vox presentó un programa compuesto por diecinueve propuestas para desbloquear la investidura del popular Juan Manuel Moreno en Andalucía. El programa recogía medidas de carácter sensible como la derogación de las leyes autonómicas de protección de la mujer y al colectivo LGTBI; la implantación del veto parental, leyes para la “protección de la tauromaquia y la caza” y la “cultura popular y las tradiciones” o la expulsión de 52.000 inmigrantes en situación ilegal. Estas características políticas dificultaron las negociaciones para las formaciones de gobierno y se repitió en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid.
¿Qué es el veto parental?
El veto parental que proponía Vox en su programa tiene como fin que los centros educativos soliciten a los familiares la autorización siempre que se realicen actividades o talleres en clase relacionados con cuestiones de identidad de género, feminismo o sexualidad. De esta manera, los progenitores decidirán si sus hijos asisten a esas actividades o no.
El 18 de enero de 2020, dos días después de que se aprobase el veto parental en la Región de Murcia, el Gobierno estatal exigió a la región retirar inmediatamente esta medida ya que, de no hacerlo en el plazo de un mes, el Ejecutivo se vería obligado a llevar el asunto a los tribunales. Este asunto creó una gran controversia entre los ciudadanos y han sido muchas las protestas y manifestaciones a favor o en contra de la educación sexual en las aulas por parte de profesores, estudiantes, padres y asociaciones. Muestra de ello es la polarización entre los propios padres que a finales de mes mostraba la siguiente imagen, producto de una encuesta realizada por SocioMétrica.
Como anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá, el asunto se puso en manos de los tribunales, el 18 de febrero, día en que se cumplía el plazo de un mes desde que el Gobierno diera el ultimátum a la región. Casi un mes después, exactamente el 12 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ordenó suspender de manera cautelar esta ley en todos los colegios. El Tribunal considera que mantener el veto podría afectar a los estudiantes a la hora de no poder adquirir conocimientos complementarios y perjudicar su formación.
En relación con los derechos de los padres, el Tribunal aseguró que esta suspensión cautelar no implica privar a los padres de su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, pues este es un derecho establecido legalmente.
