Niña sin miedo ante el toro de Wall Street. Vía Flickr. Por: Alex Proimos (CC BY-NC 2.0)
Los datos aportados por el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza en su visita a España son demoledores: la polarización económica en nuestro país es palpable. Tal es así que las rentas del 1% de población más rica aumentaron un 24% entre 2007 y 2017, mientras que el crecimiento de las rentas del 90% más pobre no superaron el 2%.
Las personas en riesgo de exclusión social en España se sienten abandonadas y en mayor medida los grupos más vulnerables como las mujeres. Estas suscribieron hasta en seis puntos porcentuales más contratos a media jornada que los hombres en 2018 según datos del SEPE mientras que el número de contratos que suscribieron ellos fue el doble del de las mujeres. Esto constituye una de las tantas causas que derivan en una brecha de género en la exclusión social.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por Eurostat.
La monoparentalidad, es, por su relación con la pobreza infantil, asunto de prioridad para los responsables de los programas de bienestar en la mayoría de países de la Unión Europea. Esta estructura familiar es una importante amenaza para el tradicional modelo de Estado de Bienestar sustentado por la estabilidad que suponía la asimetría biparental en el mercado laboral.
El 43% de las mujeres que ocupan la responsabilidad familiar en solitario está desempleada
Este modelo de familia comprendía en 2018 el 10,3% del total de hogares en España, de los cuales, el 82% están encabezados por una mujer. Además, ese mismo año se demostró que la mitad de estas familias estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Los datos aseguran que el 53,5% no podía afrontar imprevistos económicos y el 17,4% se había visto en la obligación de retrasarse en el pago de la vivienda principal o de servicios públicos. La feminización de la pobreza que se da en nuestro país por culpa de la exclusión social que sufren las mujeres en el mundo laboral se plasma nuevamente en un informe llamado “Monomarentalidad y Empleo” publicado en 2018 por Adecco, a través del cual conocemos que el 43% de las mujeres que ocupan la responsabilidad familiar en solitario está desempleada, en parte, por no considerarlas como trabajadoras potenciales.
Son muchos los factores que influyen en la desigualdad socioeconómica que estas familias presentan frente a los hogares biparentales, las cuales conforman una parte importante de los índices generales de pobreza. En la Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos se argumenta que aumentar el acceso al empleo mediante su fomento a tiempo parcial, sobre todo, en el caso de las mujeres y, acrecentar la oferta pública de plazas de guardería además de ampliar su horario, ayudaría paliar la precariedad que sufren estas familias.
✳️La brecha de género en las pensiones alcanza el 34,4%
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) March 8, 2020
✳️En las bases de cotización, el 16,2%
✳️El 87% de excedencias para cuidado de hijo o familiar son para mujeres
👉Aún, queda mucho por hacer para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres#GobiernoFeminista#8M pic.twitter.com/d3s2qh3e6q
A ello debemos de sumar que las pensiones más bajas del sistema contributivo son percibidas por mujeres, quienes, en alguno de los casos más extremos, apenas llegan a ingresar unos 584 euros mensuales. Por el lado contrario, los hombres acaparan los tramos más altos del sistema contributivo de pensiones, donde ellas son minoría.
¿Y cómo hemos llegado a esta situación? La Comisión Europea lo tiene muy claro: la desigualdad se va consolidando a lo largo de toda la vida laboral. Los datos avalan que la menor brecha salarial se produce entre los trabajadores menores de 35 años. Con los embarazos y las tareas del cuidado de los niños (que en la mayoría de las ocasiones realizan las mujeres) la brecha comienza a incrementarse.
La UGT, por su parte, alude a una situación “multifactorial” en la que influye la responsabilidad familiar, pero también apunta a la gran proporción de trabajadoras a tiempo parcial, entre otras causas. El sindicato apunta que la brecha salarial “es el producto de una infravaloración de sus trabajos a lo largo de toda su vida activa”.
Según la fundación ADECCO cerca de 5 millones de mujeres en edad laboral se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza.
Por otro lado, la crisis vivida a partir del año 2008 ha hecho mella en muchos españoles que han esperado 10 años para revertir su situación de dificultad social y económica. Ahora, los efectos sociales de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, entre los que se encuentra la exclusión de familias e individuos en situación de pobreza, no se quedan atrás. Según la fundación ADECCO cerca de 5 millones de mujeres en edad laboral se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza.
Esta situación, ahora se agrava por la paralización del mercado durante el estado de alarma y el aislamiento que pueden aumentar su precariedad. “Ante la parada de actividad económica y la pérdida de empleo, la perspectiva de empobrecimiento es mayor para las mujeres, dado la mayor precariedad económica que ya nos afecta”, afirma la economista feminista Carmen Castro.
Cáritas hace público un documento de propuestas urgentes para que la próxima crisis no aumente la exclusión en hogares unipersonales. De esos 8,5 millones, un grupo de 1,8 millones acumulan problemas y necesidades anteriores, siendo los primeros en notar el parón de la economía y con él la retirada de servicios sociales y públicos que palien la caída de recursos de primera necesidad. Según el informe FOESSA con un sistema de Servicios Sociales tan debilitado como el que encontramos en España, en la gestión de esta crisis será esencial cubrirlo de garantías para seguir atendiendo las necesidades de diferentes colectivos con perspectiva de género.
En definitiva, a las distintas dimensiones que comprende la desigualdad económica en España subyace la perpetuación de la brecha de género materializada en unas permanentes peores condiciones de vida para ellas cuya solución pasa por la aplicación de medidas sociales de equidad específicas.