La situación laboral de los científicos españoles está regulada desde 2011 por la Ley de Ciencia (LOR 14/2011, de 1 de junio). Esta norma pretende regular la situación contractual de los científicos en estado pre doctoral en nuestro país. Sin embargo, esta ley no ha sido ni suficiente, ni desarrollada hasta junio de 2018. Los investigadores siguen sufriendo la precariedad en el ámbito privado y público.
Esta, pretendía homogeneizar a los científicos que trabajan para el Estado desarrollando las características de su desempeño. Sin embargo, los ERE masivos de 150 científicos del CNIO han perfilado la realidad de la situación contractual en los OPIs (Organismos Públicos de Investigación), demostrando que existen científicos de primera y científicos de segunda a nivel burocrático. Ambos comparten las mismas tareas. Es el caso de 50 científicos del CSIC. Así que solo cabe preguntarse, ¿está reconocido el oficio de científico en nuestro país
Parecía que el último decreto en relación a la Ley de la Ciencia, publicado en el BOE el día 8 de febrero de 2019, era un atisbo de iluminación científica por parte del Gobierno de Sánchez. Pero, con o sin sustitución de la intervención de otros Organismos Públicos de Investigación en la carga financiera hacia otros organismos en materia de contrataciones y recursos para, en teoría, “aliviar la carga administrativa”.
Falta de inversión
Tan preocupante es la situación de los científicos en España que, el informe RIO del año 2018 alertaba a nuestro gobierno e instituciones de que si el país sigue así, retrasaremos nuestro avance en diez años en materia científica y tecnológica. Avisa de que, la inversión pública está muy por debajo del resto de países de la Unión Europea. Solo un 30% del presupuesto fue destinado en 2017 a la ciencia. Pero este porcentaje se convierte en cifra y resulta en 1.376 millones de euros con respecto a los 8.476 millones de 2009.
¿Tiene esto relación con que entre 2010 y 2015 hayan desaparecido 12.000 científicos del mapa nacional? Pues efectivamente. Los datos hablan solos.
La mayor parte de la investigación en España es financiada por empresas privadas. Este tipo de investigación representa más de la mitad del total invertido. El resto se divide entre la inversión de los centros educativos y la administración pública, a través de los ministerios pertinentes.
"No es posible vivir de la investigación"
Diego Fajardo es profesor e investigador. Dedica parte de su tiempo a investigar en dos proyectos: uno de desarrollo de tejido adiposo en la Universidad Complutense de Madrid y otro en el hospital 12 de octubre sobre cáncer colorrectal. Comparte su tiempo con clases en un instituto de medicina, ya que, como indica la investigación, debe observarse como un hobbie por los bajos ingresos que se perciben de ello.
La mayor parte de la financiación es privada, pero es la más difícil de conseguir. “Los privados tienen que obtener resultado, por ello, realizan buenas inversiones, pero tienen más filtros en la selección” asegura Fajardo. También, asegura que “lo mejor de la investigación privada es que, conforme ofrezcas resultados pueden ampliar el plazo, o incluso el importe de la financiación, mientras que en la pública se termina con el tiempo fijado y tienes que pedir una nueva”.
El investigador lamenta la situación, ya que el problema no es el importe sino el presupuesto, que se elabora en el que se reduce al mismo las nóminas de trabajadores para reducir el total y aumentar las posibilidades de financiación. “No es posible vivir de la investigación” asegura, mientras que en Estados Unidos, el investigador es una figura reconocida y de las mejores pagadas.
“España tiene de los mejores resultados de investigación y miles de los mejores investigadores” sentencia Diego. Concluye que el problema es de valoración y salario de los investigadores más que la financiación, que considera suficiente.
El caso del doctor Diego Fajardo es una prueba de esmero y dedicación por amor a la ciencia, pero también de los resultados precarios que produce el sistema de política científica en España. El resultado de que haya un 9% menos de científicos en el país, y de que los que se quedan se enfrenten a esta situación laboral, es espeluznante.
"Existe un principio de prostitución entre científicos"
Miguel Ángel Jiménez está graduado en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria. Realizó sus prácticas en Nueva York, para concluir su trabajo de fin de grado. Y trabajó en el CNIC durante un año en un proyecto de nano vacunación, dirigida a células centríticas. El fin de este estudio era desarrollar una serie de nano partículas en su parte de síntesis química, para que fueran activadas frente a un antígeno de tumores y poder promover una respuesta inmunológica frente a este. Este estudio de investigación se ha realizado en conjunto a la Universidad de Lisboa y la de Zaragoza.
Cree que el reconocimiento social de su profesión es valioso y que cada vez la gente valora más la ciencia. Sin embargo, opina que a nivel estatal el papel de los investigadores no es estable, y por tanto, precario. Por otro lado, a vista de este futuro profesional, se plantea dos veces la idea de realizar un doctorado, ya que asegura, supone mucha presión y esfuerzo para conseguir una beca y publicar. Asume que existe un principio de “prostitución” -comenta mientras se ríe- entre científicos por conseguir financiación externa. Esta les permite mantener y desarrollar sus trabajos.
El problema, apunta, es que son completamente dependientes de estas inversiones, que en la mayor parte de los casos, han de prolongarse mucho en el tiempo para obtener resultados. Este hecho, marca de sobremanera la contratación en instituciones públicas. Prefieren a científicos becados, para ahorrarse el sueldo del trabajador, como las FPI, la CICERONE, la FPU, y una infinidad de tipos de becas más para investigadores.
Buscar una solución a la emigración
Él, como otros jóvenes dedicados a la ciencia, se ha planteado más de una vez la posibilidad de marcharse al extranjero. Cree que así, podría desarrollar plenamente su profesión, y obtener el reconocimiento económico y de experto que se merece. Comentando el Plan de Retorno, que se presentó en febrero de 2019 en el Congreso de los Diputados y se aprobó el 25 de marzo, asegura que las condiciones del regreso deberían superar con creces las opciones que tienen en los países de acogida. Empezando por, la facilidad de la movilidad familiar completa, la contratación indefinida o por un periodo considerable de tiempo, mayor dignidad y equivalencia salarial y por supuesto, más financiación para recursos humanos.
Desde la comunidad científica
Según el Informe sobre Ciencia y Tecnología Nacional es considerado que, las nuevas instituciones de investigación han sido un intento de escapar del corsé de la administración de investigación científica. Por esto, proponen modificar la rígida estructura funcionarial de los investigadores, permitiendo su movilidad en función de las necesidades y oportunidades científicas, como ocurre en los centros de nueva creación.
Una solución democrática y un contrato social, liderado por científicos ajustados a liderar de modo social y ético en la vertebración de los agentes: empresarios, representantes sindicales y políticos de buena voluntad, para que esto sea objeto de discusión en el Parlamento.
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