Y AHORA, ¿QUIÉN NOS PROTEGE?
Un reportaje de violencia policial
El 1 de mayo el Comité Nacional del Paro colombiano convocó una jornada de movilizaciones. Además, se conmemoró el aniversario del estallido social que provocó la denuncia de 83 asesinatos y 93 amputaciones de ojos a manos del cuerpo policial. Fue en 2020 cuando el asesinato de George Floyd en Estados Unidos hizo saltar las alarmas en todo el mundo. Esto desencadenó una lucha contra la violencia policial. Desde entonces, se ha tratado de denunciar estas injusticias. Los Gobiernos y medios de comunicación lo invisibilizan provocando un cierto desconocimiento para la población. El uso ilegítimo del poder lleva a innumerables muertes y vejaciones. Debido a las consecuencias generadas, el abuso policial se considera un problema de salud pública que debe ser erradicado.
¿Qué es la violencia policial?
Se considera un acto de violencia, abuso o brutalidad policial aquella acción en la que un agente de seguridad utiliza su poder de manera excesiva. En otras palabras, que usa su figura de autoridad para ejercer mayor fuerza de la necesaria contra un individuo. Esto puede llevar a la vulneración de diversos derechos humanos. Entre ellas se incluyen insultos, amenazas, palizas, homicidios ilegítimos, falsos arrestos o el exceso de agentes antidisturbios en manifestaciones. También se incorpora la tortura para lograr la confesión de un delito o castigar a un detenido.
La ley no establece de forma clara dónde están los límites del uso de la fuerza. La medida represiva que se lleva a cabo debe equipararse a la situación que se pretende neutralizar. Por tanto, aquellas acciones que sobrepasen ese fin son innecesarias y crueles. En España, la Audiencia Nacional entiende por abuso de autoridad aquel acto que es injusto por un desmedido uso de las facultades que se ostentan. En Colombia, figura en su código penal como un acto arbitrario por parte del servidor público que se excede en el uso de sus funciones.
Países con mayor incidencia policial
Es difícil saber con certeza en qué país está más presente la violencia policial. Muchos gobiernos esconden los datos de homicidios ilegítimos. Sin embargo, algunas ONG y asociaciones comprometidas recopilan cifras de periodos concretos. Según los datos de World Population Review, Brasil es el país donde más asesinatos a manos de la policía se han cometido llegando a 6.160 en 2018. Venezuela ocupa el segundo lugar con 5.287 víctimas en 2018. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) relaciona esta cifra con el número de manifestaciones. La ONU revela que Filipinas ocupa el tercer lugar sumando 3.451 muertes en 2018 seguido por Siria que cuenta con 3.364. La Red Siria de Derechos Humanos
denunció el incremento de muertes a manos de fuerzas del Gobierno sirio en 2019. En quinto lugar, se encuentra Estados Unidos con 1.099 víctimas en 2018. El mismo año, Nigeria Security Tracker denunció 841 muertes por abuso policial ocupando el sexto lugar. Los datos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas muestran que el séptimo lugar lo ocupa Afganistán con 606 muertes en el mismo año. En el mismo periodo de tiempo, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA recoge 528 muertes en El Salvador. En Pakistán el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad contó 495 muertos en tiroteos con la policía y la asociación ASK denunció en Bangladesh 466 fallecimientos por fuego cruzado con fuerzas de seguridad.
Derechos del cuerpo de policía
Las normas a nivel internacional que regulan las actuaciones policiales especifican cuándo pueden recurrir al uso de la fuerza o armas letales. Estas figuran en los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego. El apéndice más importante destaca que las autoridades estatales deben tener la obligación de proteger y respetar el derecho a la vida. La Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía de Naciones Unidas establece que los funcionarios encargados de cumplir la ley deben salvaguardar la dignidad humana de todas las personas. Por otro lado, el derecho internacional aclara que la policía nunca debe recurrir a medios letales exceptuando situaciones en las que se encuentre en peligro de muerte. Desgraciadamente, muchos asesinatos ilegítimos a manos de los cuerpos de seguridad no cumplen este criterio.
Amparo para las víctimas
Las víctimas de brutalidad policial se pueden refugiar en algunas leyes y normas internacionales que especifican cuándo se debe recurrir a la fuerza o a medios letales y que son recogidos por la ONU. Este derecho internacional legisla que los agentes de policía pueden utilizar medios letales como última opción si su vida, o la de otros, está en peligro. También afirma que todas las autoridades del Estado, en especial el cuerpo policial, deben proteger el derecho a la vida del ciudadano. Sin embargo, la cantidad de homicidios o abusos de poder ocurridos a lo largo de la historia confirman que no se está respetando este derecho y que la legislación que ampara a las víctimas es significativamente escasa.
Los gobiernos también tienen la obligación de cumplir este derecho internacional e incluirlo en sus leyes. No obstante, en muchos países, la legislación que existe es limitada, o, directamente, inexistente. En México, la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no restringe el uso de los medios letales ni obliga a que los agentes hagan uso de la fuerza mínima necesaria. En Estados Unidos se da una situación similar, en nueve estados no aparece ningún tipo de legislación sobre el uso de medios letales.
Asociaciones y movimientos
En muchas ocasiones, las víctimas no disponen de una legislación que las ampare en su país de origen y tienen que recurrir a tribunales internacionales para conseguir justicia. A su vez, las asociaciones o movimientos ciudadanos se convierten en el único auxilio de los damnificados, en ellas encuentran el soporte y la información necesaria para denunciar la vulneración de sus derechos. Desde Amnistía Internacional se ha manifestado, en numerosas ocasiones, la preocupación ante estos casos de violencia. Este movimiento ha asignado una serie de directrices sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El 25 de junio de 2005 nace en Colombia un proceso organizativo: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta asociación está formada por más de 200 organizaciones encargadas de dar voz a víctimas de desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y violencia. Gracias al MOVICE, al CCEEU y la Campaña Defender la Libertad, se declaró el Día Nacional contra la Brutalidad Policial donde miles de ciudadanos salen a las calles exigiendo un cambio en la normativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta legislación recoge la legitimación del uso de la fuerza letal en manos de particulares
Caso Patrick Lyoya
El pasado 4 de abril, Patrick Lyoya, un joven de 26 años originario de la República Democrática del Congo, falleció por el disparo de una pistola Táser en Grand Rapids, Míchigan. Hasta el 22 de abril se desconocían las causas del desenlace letal, pero gracias a un video de las cámaras corporales de los agentes, se puede observar como el policía, cuya identidad se desconoce, hizo abuso de poder frente a un hombre desarmado. El vídeo muestra un forcejeo cuando el joven intenta escapar, seguidamente, el oficial lo inmoviliza en el suelo con la rodilla sobre su espalda y le dispara en varias ocasiones con el arma Taser. Las descargas eléctricas en la cabeza fueron incesantes hasta después de quedar paralizado.
El oficial ha sido suspendido en funciones hasta el resultado de la investigación, pero la publicación del vídeo ha hecho rebrotar la polémica sobre la brutalidad policial. Según Amnistía Internacional, ningún estado de los Estados Unidos cumple la normativa internacional sobre el uso de medios letales.
Causas de la violencia policial
Las causas de la brutalidad policial están ligadas a diversas condiciones de índole legislativo y social como la raza, el género, la sexualidad, la religión o algún tipo de discapacidad. Los países más afectados tienen una combinación de factores muy concreta que provoca que los abusos de poder sean más factibles y habituales. En ellos predomina una legislación improcedente, inseguridad ciudadana y discriminaciones de tipo racial y sexual. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe cualquier tipo de discriminación, las fuerzas del orden emplean, en ocasiones, una autoridad desmedida hacia ciertos colectivos. De esta forma, muchos gobiernos vulneran los derechos humanos de los ciudadanos.
Por ejemplo, en Brasil, los agentes asesinan a personas negras sabiendo que estos crímenes no se investigarán ni saldrán a la luz. Según Amnistía Internacional, en Reino Unido, la base de la Policía Metropolitana de Londres está marcada por la criminalización racista a hombres jóvenes negros. En cambio, no solo se producen crímenes raciales, el colectivo LGTBI también está condenado persistentemente al abuso policial. Las autoridades de la república rusa de Chechenia detienen, secuestran y torturan a ciudadanos sospechosos de pertenecer al colectivo. Asimismo, en la República Dominicana, las personas que se dedican a la prostitución sobre todo mujeres transexuales- sufren violaciones o palizas a manos de la policía del país.
Carmen López, responsable del Área de Comunicación de Amnistía Internacional España explica su procedimiento de amparo ante víctimas de violencia policial: “En el caso de la violencia que se produce en manifestaciones, según el tipo de manifestación, Amnistía Internacional puede monitorearla. Eso implica que puede haber observadores de la organización en la misma.” Además, aclara que localizan a los afectados iniciando un proceso judicial y pidiendo al Ministerio de Interior que investigue los hechos. Por otro lado, Carmen denuncia la coacción que reciben por organizaciones contrarias:” Somos cuestionados en numerosas ocasiones, incluso en casos, como el de Rusia, se bloquea nuestra web o se cierran nuestras oficinas, pero seguimos trabajando en países a los que no nos dejan pasar.”
Los países y sus respectivos gobiernos tienen la obligación de garantizar la protección de sus ciudadanos y su derecho a manifestarse pacíficamente. Tal como propone Amnistía Internacional, existen una serie de directrices sobre los procedimientos de las fuerzas de seguridad del Estado. El uso de fuerza desmedida o armas de fuego debe estar justificado. En caso de muerte, debe iniciarse una investigación imparcial para dictar sentencia. La implantación de estas medidas y el cumplimiento de los derechos humanos, aseguraría un servicio justo y legal por parte de la policía. Aún queda un largo camino para que todos seamos iguales ante la ley. Hasta entonces, es necesario que las víctimas sean escuchadas y protegidas.
