Los últimos datos sobre los países de la Unión Europea mantienen los registros de la economía sumergida en España. A pesar de que a lo largo de esta década se ha conseguido reducir su peso sobre el PIB, nuestra economía continúa con unos datos que la sitúan en el centro de la comunidad europea. Aunque esta posición esconde cierta trampa.
Todos hemos escuchado alguna vez la expresión “soy español, ¿a qué quieres que te gane?” durante los exitosos años de nuestro deporte. Lo cierto es que esa expresión también la podemos trasladar a la economía, pero no precisamente en el buen sentido. España lidera rankings de los que para nada podemos sentirnos orgullosos. Si tenemos en cuenta los datos de 2019 -caso aparte son los de 2020, influenciados por la pandemia- recogidos en Eurostat, España se situaba hasta ocho puntos porcentuales por encima de la media europea en paro (14,1% de España frente a un 6,3% en la UE-28). Además, presentamos una tasa de paro juvenil superior al 40%. ¡Cuatro! de cada diez jóvenes españoles se encuentran en situación de desempleo, frente a una tasa en la Unión Europea que se sitúa por debajo del 18%.
El paro es una de las principales razones que originan el enorme volumen que mueve la economía sumergida. Ésta continúa siendo en la actualidad uno de los principales problemas al que se enfrentan los Gobiernos a la hora de recaudar impuestos y cuadrar sus presupuestos. Si bien en los últimos años se han producido grandes avances en la lucha contra la economía irregular, todavía sigue ejerciendo un importante peso en el PIB de muchos países, entre los que no se libra, por supuesto, España.
La economía sumergida es un conjunto de actividades productivas no contabilizadas en los instrumentos convencionales que se utilizan para medir la producción de bienes y servicios de un determinado territorio y en un periodo de tiempo dado. Erróneamente pensamos que sólo incluye actividades ilegales, tales como la prostitución, el tráfico de drogas o el terrorismo. Nada más lejos de la realidad, estas actividades son solo una parte -conocida como economía ilegal- de ella.
DATOS DE ECONOMÍA SUMERGIDA
Friedrich Schneider es, probablemente, el economista más reconocido del mundo en cuanto a la elaboración y estimación de datos sobre la economía sumergida. Cuenta, para ello, con decenas de artículos académicos e informes. Los últimos datos más elaborados sobre la economía sumergida los encontramos en un informe en colaboración con el FMI. Estos datos, referentes a 2017, sitúan a España con unos niveles de economía sumergida que representan el 17,2% del PIB.
En la segunda mitad de la década hemos conseguido bajar de la barrera del 20%. Una barrera a la que llegamos en los peores años de la crisis y que amenaza con sobrepasarse de nuevo como consecuencia de la pandemia. Con un gran esfuerzo, hemos logrado recuperar los niveles de comienzo de siglo. De esta manera, España se coloca en la media europea en cuanto a economía sumergida. Pero, ¿qué hay de cierto en esta medida?
Si analizamos detenidamente los datos sobre economía sumergida en los países de la Unión Europea, nos encontramos claramente tres bloques diferenciados: la Europa del Este, la Europa Central y del Norte y la Europa del Sur. Con unos niveles muy superiores en la primera, los registros de la economía española difieren de lo que ocurre en los países más importantes del continente. El mapa muestra los datos ofrecidos por Friedrich y da cuenta de la disparidad existente entre las tres regiones a diferenciar dentro de la UE. Pese a que la media en Europa se sitúa en torno a un 16,6% de peso sobre el PIB, ligeramente inferior que en España, conviene señalar la trampa que existe en esta cifra. Y es que, si se eliminasen de la ecuación a los países de la Europa del Este, países menos desarrollados que entraron más tarde en la Unión Europea, España supera, con creces, a sus vecinos comunitarios. La razón es que estos países disparan, y mucho, la media de economía sumergida en la UE.
Así, por ejemplo, España, dobla, prácticamente, la economía sumergida en regiones como Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo o Austria, todos ellos con unos niveles inferiores al 10%. Si, en lugar de incluir a los países menos desarrollados de Europa, se incluyen los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el peso medio de la economía sumergida se sitúa por debajo del 15%, según datos de la Universidad alemana de Tubinga.
España se encuentra de esta manera por encima de la media internacional, solamente superada por Grecia e Italia -países que forman, junto a España y Portugal, la Europa del Sur situada en la media europea-. Todo depende de cómo se mire: si en Europa estamos en la media, entre los países más desarrollados del mundo estamos a la cola en cuanto a economía sumergida se refiere.
POR QUÉ SE DA LA ECONOMÍA SUMERGIDA
El peso de la economía sumergida parece tener una tendencia al alza en periodos de crisis. En España, llegó a superar el 20% del PIB durante la crisis financiera que se inició en 2008. Pero, realmente, la economía sumergida no creció. La economía sumergida no aumenta en periodos de depresión económica. O lo que es lo mismo: a la economía sumergida también le afecta el ciclo económico. Pero con un claro matiz: la economía sumergida decrece a tasas inferiores a la que lo hace el PIB en crisis, por lo que aumenta su presencia en la actividad nacional.
La economía sumergida emerge en estas circunstancias para sustituir, de alguna manera, las rentas que se dejan de percibir a consecuencia de la pérdida de empleo. El Estado no puede hacer frente -no sin un alto coste- a paliar las consecuencias de la crisis, que se traducen en ayudas (al desempleo, a los más desfavorecidos o a las empresas), pero con una capacidad de ingresos menor. Es decir, un aumento del gasto que se ve muy descompensado con un descenso importante en los ingresos. Deuda, deuda y más deuda.
No obstante, no en todos los países se dan las mismas circunstancias. La denominada Europa del Este presenta unos niveles que disparan la media europea. Cada cual tiene sus circunstancias, evidentemente, pero todos ellos atienden a una serie de razones que se pueden resumir en la tardía incorporación a la Unión Europea y en una mayor precariedad laboral. Son países menos desarrollados, la mayoría de los cuales proceden del régimen soviético y, para colmo, han tenido que hacer frente a guerras en los años noventa.
Claro, uno observa estas circunstancias y puede pensar que los niveles de economía sumergida en estos países son, en cierta medida, justificables. Pero, por otro lado, ninguno de estos motivos presenta relación con España, por lo que es necesario conocer qué lleva a nuestro país a presentar unos niveles tan altos de economía sumergida.
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN CASA
Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestra la disparidad que existe en nuestro país. No todas las comunidades presentan los mismos niveles. Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones que menos economía sumergida presentan. Castilla La Mancha, Canarias y Andalucía cuentan con unos niveles por encima del 26%. No es casualidad que, en estas comunidades, sectores como el agrario (Castilla La Mancha) y el turístico (Andalucía) tienen una mayor importancia.
El distinto peso de la economía sumergida genera un agravio comparativo entre las comunidades españolas. “La existencia de la economía sumergida es un problema de gran importancia. Genera competencia desleal entre empresas, distorsiona la medición de determinadas variables e incide negativamente sobre la recaudación tributaria, con efectos tanto en el corto como en el medio y largo plazo”, señala el informe.
Además, el informe también muestra que las comunidades con menor peso de la economía sumergida aportan más a las arcas públicas. Esto se debe, fundamentalmente, a que una mayor parte de la actividad económica de la región se encuentra gravada, mientras que en otras zonas del país buena parte de la actividad escapa del conocimiento del Gobierno regional.
“La desigualdad de la economía sumergida entre los distintos territorios incide en la desigualdad del sistema, ya que supone que las regiones con menor tasa de economía sumergida tributan por rentas reales (o más próximas a las reales) y el resto no (o lo hacen en menor medida)”, muestra el informe. En este sentido, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Ángel Garrido, señala que “disminuir la presión fiscal implica una mayor recaudación de impuestos”. “Dado que el peso de la economía sumergida influye muy negativamente en la tributación, parece más razonable reducir las diferencias de cumplimiento entre las regiones”, continúa Gregorio Izquierdo, director del IEE.
En efecto, una reducción de la presión fiscal sobre los ciudadanos puede trasladarse en una disminución del sentimiento confiscatorio que pervive en la mayoría de la población y una mayor recaudación, como ocurrió en Madrid. Lógicamente, la responsabilidad social e individual juega un papel muy importante en este sentido.
Pero no todas las soluciones se basan en una reducción impositiva para que salga a flote una mayor actividad. También puede emerger aquella actividad ilegal mediante su legalización. En el año 2014 ya hubo un intento de legalizar la prostitución y el consumo de marihuana. Esta fue una de las ideas que propusieron los inspectores de Hacienda para lograr una mayor recaudación, que estimaban que aumentaría en 6.000 millones gracias solamente a la actividad que realizan los clubes de alterne.
En ese mismo año entraron en consideración los cambios en la contabilidad nacional introducidos por el SEC-2010 (el nuevo sistema europeo de cuentas nacionales). Mediante la introducción de este nuevo sistema, las actividades ilegales se empiezan a integrar en la producción nacional.
Así, el PIB de nuestro país se estimaba que aumentaría hasta en 45.000 millones de euros gracias a la inclusión de otras actividades, como el gasto en I+D+i o en armamento militar, junto con otras ilegales: la prostitución y el tráfico de drogas, que provocarían un aumento del PIB de entre un 1,5 y un 3%. Así, un gravamen implicaría una importante recaudación.
Uno de los objetivos de nuestro Gobierno para reducir el peso de la economía sumergida es limitar los pagos en efectivo. A lo largo de esta década, la UE ha implementado normativas que establecían un rango de precios entre los cuales los países decidían cual fijar. El Gobierno prevé para los presupuestos de 2021 una reducción de ese límite desde los 2.500 euros actuales hasta los 1.000 euros para los profesionales. Según la ministra María Jesús Montero, supondría, junto a la prohibición de las amnistías fiscales, un aumento en la recaudación de 800 millones.
Todas estas medidas cuentan con las limitaciones de la pandemia. Friedrich Schneider augura que la economía sumergida aumentará en nuestro país en dos puntos porcentuales como consecuencia del coronavirus. Prever una reducción impositiva o el establecimiento de nuevos impuestos ante la disyuntiva en la que nos encontramos no es tarea fácil para ningún gobierno. Con el mayor aumento de gasto de nuestra historia y con una deuda pública que tendremos que esperar hasta finales de año para ver qué brutales niveles alcanza, cuadrar las arcas del Estado lo máximo posible se vuelve una prioridad. Y en este sentido, ahora que el Gobierno se encuentra con todas sus facultades luchando contra el virus, no debería perder de vista a otro “enemigo invisible”: la economía sumergida.
